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En el recinto
El presidente del bloque Justicialista, Juan Manuel Pedrini señaló que “motivados en la pandemia, proponemos prorrogar el mandato de los diputados provinciales ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.
La Cámara en Comisión emitió el dictamen correspondiente, el que fue aprobado en general y en particular.
Por ello Las Diputadas Liliana Spoljaric Carina Batalla, y Jessica Ayala buscan el acompañamiento de sus pares para que por medio del proyecto de su autoría se declare la Emergencia del Sector Turístico en la Provincia del Chaco por el plazo de ciento ochenta días. Lapso que podrá prorrogarse en caso de que se mantenga la emergencia por la pandemia del virus COVID-19.
«Esta excepcional e imprevista situación impacto gravemente en el desarrollo normal del turismo dejando al descubierto una verdadera fragilidad del sector afectado para sostener su nivel de actividad, que en algunas ciudades resultaron ser la principal fuente de ingresos» expresó Spoljaric.
Haciendo hincapié que el turismo es la «industria sin chimeneas» y es imprescindible declarar la emergencia de la actividad turística en todo el territorio de la provincia y autorizar al Poder Ejecutivo a establecer beneficios tendientes a paliar tan grave situación.
El proyecto en su artículo Número Cuatro esboza los beneficios que obtendrá el sector al ser aprobado. Ellos serán
El Asesoramiento y apoyo del Gobierno de la Provincia para obtener en el orden nacional, exenciones impositivas, diferimientos de impuestos, desgravaciones impositivas y cualquier otro beneficio que hubieren previsto las normas nacionales.
Exención del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, Exención del Impuesto Inmobiliario a los propietarios de los inmuebles en donde se ejerzan las actividades contempladas en el Anexo I de la Ley Provincial de Turismo N°1861.V, Exención del Impuesto Inmobiliario Rural a quienes ejerzan las actividades contempladas en el Anexo I de la Ley Provincial de Turismo 1861.V y Mientras dure la emergencia dispuesta por la presente, no se promoverá ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes, de impuestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados de la actividad del turismo.
Prensa Gobernación
PRIORITARIO
Estará integrado por representantes de diferentes sectores sociales y políticos, para lograr una cuarentena administrada e inteligente y reforzar el seguimiento. Tras la propuesta de diputados de diferentes bloques, se creó un sistema de monitoreo de testeos con participación de comisiones vecinales.
El gobernador Jorge Capitanich se reunió este jueves con la Comisión de Seguimiento de la Emergencia sanitaria ante quienes presentó un informe de situación de la provincia ante la pandemia de coronavirus. En ese marco, se creó el Comité Técnico para el seguimiento y monitoreo de indicadores. “El objetivo es establecer una toma de decisiones respecto al futuro próximo”, explicó Capitanich.
El órgano funcionará como un espacio de consulta para fortalecer el seguimiento realizado por el gobierno provincial y decidir la estrategia de administración de fases, además de la regulación de actividades conforme a un criterio metodológico. A partir de la próxima semana se implementará el aislamiento obligatorio, focalizado, inteligente y administrado, sujeto a cuatro indicadores susceptibles de auditoría social. Los indicadores que serán monitoreados serán la tasa de contagio, índice de duplicación de casos, R0 y método BID de etapas de propagación.
“En esta nueva etapa consideramos imprescindible establecer un sistema de detección precoz de contactos estrechos de casos confirmados positivos para controlar el aislamiento y de casos con síntomas leves y moderados para intervenir preventivamente en la internación”, expresó el gobernador.
Además, durante el encuentro se determinó que se profundizará en el diálogo con las comisiones vecinales y que el comité técnico estará integrado por representantes de todos los sectores, tantos sociales como políticos. “Estamos en una etapa de propagación desacelerada”, expresó Capitanich, tras detallar que en los últimos 27 días hubo 21 casos por día en promedio, pero en los últimos siete días se registraron menos de 20.
En su exposición, el gobernador ofreció un análisis pormenorizado sobre la situación epidemiológica por COVID-19 en la provincia: detalló las proyecciones con R0 libre en 1,5, el tiempo de duplicación y tasa de contagio y el número básico de reproducción R0 (el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso) además de un análisis de las etapas de propagación con método BID.
En ese sentido el ejecutivo provincial definió la creación, para el seguimiento y monitoreo de los indicadores, de un Comité Técnico dentro de la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria (establecido por Decreto Nº 429 del 12 de marzo), que será presidido por el gobernador. El objetivo es cortar la circulación viral y continuar con la desaceleración de la propagación de contagios.
Estuvieron presentes la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, las ministras de Salud, Paola Benítez y de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo, el secretario de Municipios Rodrigo Ocampo y la secretaria general de la Gobernación Noelia Canteros.
También participaron el presidente dela Cámara de Diputados, Hugo Sager, los diputados provinciales Alejandro Aradas, Aurelio Díaz y Luis Obeid, entre otros; los intendentes de Presidencia de la Plaza Diego Bernachea, de Machagai Juan Manuel García, de San Martín Mauro Leiva y la intendenta de Barranqueras Magda Ayala. También participaron representantes de los diferentes cultos, de las cámaras empresariales y del comercio.
Consensos para una cuarentena inteligente y focalizada
El diputado radical Alejandro Aradas participó del encuentro y valoró la propuesta del gobierno provincial. “Fuimos convocados por el gobernador y lo celebramos porque vamos a estar cerca de la información y de la posibilidad de aportar algunas sensaciones que vemos a diario”, aseguró.
El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez, señaló: “Estamos muy conformes con la medida. Las ventas obviamente no han sido las esperadas pero tomamos muy bien esta propuesta porque es un primer paso”. El referente, destacó la habilitación de un nuevo grupo de rubros considerados no esenciales, “que son la gran mayoría, salvo los gastronómicos, indumentaria y calzado”. “Vemos esto con muy buenos ojos”, aseguró.
Mientras que el intendente Bernachea destacó que la participación de todos los sectores en el comité, ya que se podrá aportar diferentes miradas que permitirán mejorar las acciones para frenar la pandemia, “la única forma de salir adelante es entre todos, no hay otra opción”, consideró. Remarcó que en la mayoría de las localidades del interior no hay casos positivos por lo cual las restricciones son más flexibles.
Cómo funcionará el Comité
Para la toma de decisiones se evaluarán sistemáticamente los informes suministrados respecto a la alarma sanitaria por telefonía celular, cuerpo de bomberos y policía de 21 a 6, el mapa de circulación de personas por clusters o aglomeración en base a cantidades de señales de celulares cada 30 minutos y la determinación de georeferenciación zonal mediante clasificación de alta, media y baja circulación.
También se trabajó en la declaración jurada (DDJJ) de autoevaluación sintomatológica de COVID-19 con suministro de datos cuantitativos y cualitativos todos los lunes, miércoles y viernes y procesamiento de la información con el 0-800, y la exigencia de la misma para el otorgamiento de permisos.
La nueva plataforma para gestiones estará disponible a partir del 10 de junio con un programa de asistencia de voluntarios y de convivientes con apropiación digital y con las declaraciones juradas para el seguimiento y monitoreo de las personas con posible diagnóstico por COVID-19, los casos positivos confirmados y los eventuales contactos estrechos como así también todas las personas ingresadas en los últimos días en la provincia.
Medidas implementadas
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno provincial tomó diversas medidas para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria: la implementación de severas restricciones de circulación en el transporte público, en los puestos limítrofes, en áreas focales de riesgo y estrategias inteligentes de intervención en lugares de mayor densidad relativa y con potenciales focos de propagación. Los programas Volver a Casa y Plan de Regresos a Casa, por los cuales, desde el 20 de marzo, regresaron a la provincia 1494 personas (474 a través de Aerolíneas Argentinas, 255 en autos y 765 en ómnibus).
El gobernador destacó que se redujo la circulación de transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos en el área Metropolitana del Gran Resistencia en un 90 % y la circulación promedio es de personas a un 25%. Además, resaltó que se pidieron 113.886 permisos de circulación.
Capitanich hizo una pormenorizada descripción de las inversiones en el sistema sanitario estimada en 405 millones de peso para la readecuación y refacción de hospitales en toda la provincia; y destacó la contratación de 211 profesionales de la salud y la incorporación de 67 respiradores.
Link: http://comunicacion.chaco.gov.ar/gobernacion/static/n/60131
“Fue una convocatoria para conocer un análisis técnico de la situación epidemiológica de la provincia, que sirve para comparación y toma de medidas”, subrayó el presidente de la Legislatura, Hugo Sager, al participar de la presentación del programa de Seguimiento de Emergencia Sanitaria, encabezada por el gobernador Jorge Capitanich.
Luego de participar junto a los legisladores Juan Manuel Pedrini, Luis Obeid, Aurelio Díaz y Alejandro Aradas, y referentes de diversos sectores de la sociedad, el titular del Poder Legislativo valoró que “el Chaco es la segunda provincia del país con mayor cantidad de testeos por proporción de habitantes”.
En este sentido, remarcó “el esfuerzo que hace el sistema sanitario para llevar adelante las pruebas de COVID-19, permitiendo una identificación de casos más ágil y efectiva”.
Seguimiento del sistema de testeos
Sager explicó que ante la propuesta de diputados de distintos bloques, se decidió conformar un seguimiento del sistema de testeos, que contará con la participación de comisiones vecinales para el control del aislamiento y la regulación programada de ingresos en los controles fronterizos.
En esta línea, manifestó que surgió la necesidad de trabajos territoriales con organizaciones vecinales y de base para organizar la circulación comunitaria, como así también, se abordó el reingreso de ciudadanos a la provincia que por distintos motivos hoy en día no tienen acceso.
“Esta presentación brindó instrumentos importantes para que el gobernador los tome y vaya realizando definiciones en el tiempo que viene”, destacó el legislador.
Al finalizar, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que continuarán respaldando las medidas que tome tanto el primer mandatario provincial como el presidente de la Nación: “Desde la Legislatura hemos acompañado desde el principio de la pandemia las acciones que permitan hacer frente al virus”.
“Hemos dado una muestra cabal de que, con voluntad y consenso, es posible la reactivación plena de la economía provincial y del conjunto de cadenas de valor estratégicas”, resaltó el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager al realizar un balance positivo de los resultados que arrojó la sesión extraordinaria Nº 4, desarrollada este jueves en el recinto Deolindo Felipe Bittel.
“Están a la vista todos los esfuerzos que el Estado está haciendo en medio de una crisis inédita en la historia para sostener la actividad productiva e industrial, y revitalizar la economía llegando a cada uno de sus sectores. Por eso, acompañamos las iniciativas del gobierno que tienen como premisa la generación de oportunidades para apostar nuevamente al crecimiento y al desarrollo”, subrayó el diputado.
En ese marco, valoró haber logrado la aprobación de un paquete de leyes de incentivo a la creación de empleo formal y al desarrollo industrial que remitió el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su tratamiento durante dicha sesión.
De esta manera, se refirió a la Ley 3142-F que obtuvo el respaldo de Diputados por unanimidad, que establece la creación de un régimen de incentivos fiscales.
“Esta iniciativa habilita al Ejecutivo a disponer subsidios a las contribuciones patronales, cuya recaudación esté a cargo de AFIP, trayendo un alivio concreto a la difícil situación económica que atraviesan las empresas por la pandemia”, indicó el legislador.
Por otra parte, Sager ponderó la sanción de la Ley 3143-I, que incorpora como actividad productiva industrial susceptible de promoción por la Ley 937-I a todas aquellas industrias que vayan a radicarse en la provincia y que utilicen para la elaboración de sus productos o en alguna etapa de su producción al gas natural.
Asimismo, destacó la importancia de la aprobación de la Ley 3144-I, que crea el fondo para la promoción y radicación de emprendimientos industriales y la generación y sostenimiento del empleo. “Son instrumentos determinantes en la concepción de una economía que recobre el impulso hacia el desarrollo equitativo para todo el pueblo chaqueño”, concluyó.
Ante funcionarios policiales el gobernador insistió en la necesidad de protocolos de prevención y buenas prácticas de la policía de la provincia, y la importancia de la capacitación permanente y obligatoria en políticas de género, como la Ley Micaela, derechos humanos e indígenas, como la Ley de Interculturalidad. Anticipó que modificará la estructura del Comité de Prevención contra la Tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros.
El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga convocaron a la Policía a poner en marcha nuevos protocolos en materia de seguridad pública a raíz de los hechos de violencia institucional sucedidos en la localidad de Fontana, motivo por el cual el Gobierno apartó de sus funciones a los policías implicados y se constituyó como querellante en la causa.
“Así como se tomó una decisión en forma inmediata, tenemos que ser capaces de generar un proceso a partir del cual hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, porque el Estado debe ser ejemplo de paz”, afirmó el mandatario ante jefes y autoridades de la Policía del Chaco, y acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez.
“Nuestras comunidades originarias han tenido una agresión sistemática en más de 500 años de historia, y son víctimas no solamente de la agresión del despojo de sus tierras sino también de la exclusión social. Los hechos ocurridos en Fontana de ningún modo pueden ser avalados, son inadmisibles en la provincia y en el país que seguimos construyendo”, manifestó.
Los protocolos de intervención tendrán un carácter preventivo, indicó el gobernador, con el objeto de “preservar y mantener el orden público y al mismo tiempo, preservar, predicar y garantizar la paz social”. En esa línea anticipó que modificará la estructura del Comité de Prevención contra la Tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros.
El gobernador insistió en la necesidad de un manual de buenas prácticas de la policía de la provincia y la importancia de la capacitación permanente y obligatoria en políticas de género, como la Ley Micaela, derechos humanos e indígenas, como la Ley de Interculturalidad. También planteó la relevancia de la puesta en marcha de protocolos de actuación ante vulneraciones de derechos humanos, que tiene que ver con la reglamentación de la guardia permanente de Derechos Humanos, la notificación de hecho intervención, y la comunicación.
OTROS TEMAS DE LA AGENDA
Como lo hizo a lo largo de la campaña electoral y en base al modelo de gobierno Chaco 2020-2030 recuperó la importancia de contar con una policía judicial como agente auxiliar a la justicia, por un lado, y con la policía provincial en el marco de lo que significa la delimitación de hechos y procedimientos, por el otro. “En virtud de la existencia de contravenciones y delitos que pueden clasificarse entre comunes y complejos, es necesario tener un marco institucional que regule la acción del Estado”, expresó.
Además, detalló la necesidad de propiciar la ley de Peculio, la aplicación irrestricta del Juicio por Jurados, tal cual como se está ejecutando “pero con la necesidad de que la misma institución pueda aplicarse en forma sistemática, tal cual lo diseñamos en el 2015”. Y también, la Escuela Judicial, en el ámbito del Consejo de la Magistratura con el objeto de lograr “calificación e idoneidad de ejercicio de magistrados para impartir justicia y objetivo y desprovisto de parcialidad política“.
El gobernador se refirió también a la inteligencia criminal para delitos complejos, comunes y contravenciones, y expresó que “es necesario prevenir delitos comunes, y es necesario un modelo para penalizar las contravenciones a los efectos de no promover conductas que estén reñidas con disposiciones legales vigentes”. Sobre esto, agregó: “Cumplir la ley es clave para cualquier modelo de convivencia civilizada y pacífica de una sociedad”.
Por último, expresó la instauración de un cupo indígena de la integración de las fuerzas de seguridad, es “un componente para reconocer nuestra identidad plurilingüe, multicultural y plurireligiosa”.
MEDIDAS, PUNTO POR PUNTO
En el informe presentado, las diputadas provinciales aseguran que “el Chaco tiene una rica legislación sobre la temática de género y erradicación de la violencia de género” y que “la materia pendiente son las políticas públicas que operativicen esas leyes. La prioridad de la lucha debe visualizarse en la inversión que se destine a esta problemática y a la defensa de la vida”.
Por otro lado, aseguraron que se debe bregar por políticas integrales que se apliquen con la misma contundencia en toda la provincia y garantizar los derechos instituidos en las leyes. “A esta altura de la historia ya no basta con conmemorar una fecha, pues pareciera que nada puede frenar los sucesos de violencia contra las mujeres, los cuales se repiten diariamente”, aseveraron. Así como también explicaron que “para hacer frente a este flagelo que se lleva muchas vidas cada año es necesario que los gobiernos diseñen políticas públicas dirigidas a terminar con la violencia contra las mujeres”.
Para las legisladoras, un plan de esta naturaleza debe basarse en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como se deben cumplir las leyes, extremar los recursos financieros técnicos y humanos, y avanzar en políticas públicas para hacerlo plenamente operativo. Al respecto, recordaron que en el Chaco se aprobó la Ley N° 3025-G, que declara la Emergencia Social por Violencia de Género en todo el ámbito de la provincia, por el término de dos años a partir de la sanción de la presente, y que tiene por principales objetivos revertir el número de víctimas por violencia contra las mujeres y las identidades femeninas en todas sus formas en el territorio provincial. Esta norma busca reforzar la política preventiva en la materia, optimizar y unificar los esfuerzos, así como definir los recursos estatales y de la sociedad civil para la plena aplicación, vigencia de las normas existentes y las que se sancionen en adelante destinadas al abordaje ante situaciones de violencia.
“Debemos superar barreras ideológicas y culturales para erradicar el racismo y la discriminación, todavía arraigados en algunos sectores, respetar las diferencias étnicas y garantizar el reconocimiento de la identidad y la autodeterminación de los pueblos. La cosmovisión de la mujer originaria debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas para los distintos colectivos”, manifestaron en el documento firmado.
Finalmente enfatizaron que las disposiciones son numerosas, tanto del plano nacional como internacional, pero con las normas solas no alcanza. “Acá lo que queremos evidenciar son las profundas brechas existentes entre la normativa vigente y la realidad social, las cuales van por caminos separados, por lo que se debe aumentar la conciencia pública y articular los recursos disponibles de todas las áreas del Estado para luchar contra la violencia de género”, concluyeron.
Si bien esta propuesta legislativa N°804/2020 surge en el marco de la Pandemia por Covid-19 “la que evidenció nuevas formas de contravenciones, que atentan contra la sana convivencia social, y alteran las normas básicas de conductas sociales, con actitudes y comportamientos totalmente reprochables, por lo que quedó demostrado que el código de faltas debe necesariamente, punir este tipo de comportamientos en contra de los trabajadores de salud, cualquiera sea su área, médicos, enfermeros, farmacéuticos, y que evidencian una profunda falta de empatía, solidaridad y conciencia social” seguirá vigente aun cuando la pandemia haya concluido.
Y ante estas situaciones que se viene repitiendo en la sociedad, Pérez Otazú remarcó “estas conductas, tan inadmisibles en una sociedad, deben ser visibilizadas y contenidas, por este motivo, esta iniciativa pretende, sancionar a aquellas personas que cometan malos tratos u hostigamientos físicos o psíquicos, menosprecios, perturbación emocional o intelectual o ejerza actos de violencia física y/o verbal y/o atentados contra el honor o imagen realizados por cualquier medio, siempre que la conducta no encuadre dentro de las normas del Código Penal, contra los profesionales de la salud”.
En este sentido detalló que “son dos las realidades que deben ser atendidas y sancionadas, las constantes situaciones de violencia y discriminación, que enfrentan los profesionales de salud, por estar al frente de la Pandemia, de una enfermedad, tan altamente, infecto-contagiosa, como es el Covid-19, lo que denota a su vez, la falta de solidaridad, agradecimiento y empatía, que merecen nuestros profesionales, por ser en este momento, el frente de batalla de toda la sociedad, y por otro lado los escraches en las redes sociales, los cuales aparte de no ser la vía correspondiente, para denunciar una determinada situación y en caso que corresponda, lograr la adecuada administración de justicia, estas acciones terminan provocando, un daño irreversible en la imagen, la economía, y la salud psíquica y física de estos profesionales”.
Para ello es que promueve la incorporación del artículo 68 bis “MALOS TRATOS CONTRA PERSONAL DE LA SALUD, y que de sancionarse la iniciativa determinará queserán sancionadas con arresto de hasta treinta (30) días o multa equivalente en efectivo de hasta dos (2) remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil o la realización de trabajos comunitarios durante los fines de semana, por el plazo y con el alcance que en cada caso se determine entre el mínimo de un mes y el máximo de cuatro meses, las personas que ocasionen o sometan a; un trabajador de la salud, sea profesional o no, y el hecho tenga lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, sea público o privado, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo; a malos tratos u hostigamientos físicos o psíquicos, menosprecios, perturbación emocional o intelectual o ejerza actos de violencia física y/o verbal y/o atentados contra el honor o imagen realizados por cualquier medio, siempre que la conducta no encuadre dentro de las normas del Código Penal.”
Conferencia de prensa de Salazar y Romero.
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El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich decidió apartar de la Policía del Chaco a los agentes denunciados por ejercer violencia institucional, durante un operativo el pasado domingo, contra una familia de la comunidad qom domiciliada en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana.
Así lo informó la ministra de Seguridad Gloria Salazar durante una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañada por el jefe de la Policía, Fernando Romero. La funcionaria, además de repudiar lo sucedido, calificó el hecho como “ilegal, violento y arbitrario”.
Aseguró además que los acusados, todos agentes de la Seccional Tercera, “no representan el grado de compromiso que lleva adelante el Gobierno y la Policía con el estado de derecho y las garantías de los derechos humanos”.
Explicó que ya interviene en el hecho el órgano de control institucional de la Policía y la Fiscalía de Derechos Humanos, “quien exige la correspondiente investigación de los policías que intervinieron en el operativo para que de esta manera puedan ser juzgados penalmente”.
Explicó también que el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se hizo presente en el domicilio donde se produjo el operativo a fin de contener psicológicamente a las víctimas y asesorarlos y orientrarlos legalmente en cuanto a la reivindicación de sus derechos vulnerados. Salazar detalló también que los funcionarios de Derechos Humanos solicitaron la ambulancia para que puedan ser trasladados el hospital Perrando y así garantizar el acceso a la salud.
La ministra de Seguridad mencionó además que desde el gobierno “no vamos a tolerar este tipo de acciones ni la impunidad” y por ello “el Estado se constituirá en querellante en la causa para determinar los hechos y garantizar que se haga justicia para las víctimas”.
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La Secretaría de Hacienda y Finanzas del municipio de Resistencia informó el cronograma de pago correspondiente al mes de mayo. Así, se asegura que inicia este jueves 4 de junio para jornalizados y agentes municipales comprendidos en las categorías 5 a la 11, inclusive.
En tanto, el jueves 11 de junio, será el turno de las categorías 12 a la 17, y se incluye depósitos judiciales. Mientras que el jueves 18 de junio percibirán sus haberes los trabajadores que integran las categorías 18 a 22. Finalmente, el lunes 22 de junio cobrarán los de la categoría 23 hasta finalizar el cronograma de sueldos.
